22 / oct / 2012 - Raúl Masa (@raulmasa).
“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.
Hasta aquí la realidad jurídica española en su máxima expresión: la Constitución. Este artículo 2 de la Carta Magna aclara con su peculiar argot legal en qué circunstancias se deben incurrir para la formación del Estado. Ahora bien, más de 30 años después, con un país consolidándose a marchas forzadas tras cuatro décadas de régimen autoritario, parece que la grandilocuencia de las palabras expresadas en la Constitución no se adecua a la actual situación que afronta España como país y sociedad.
Lo que el débil inicio de la democracia o el terrorismo no han logrado, es decir, poner a todos de acuerdo en la revisión sobre el sistema político español, lo ha conseguido una crisis que va camino de cumplir un lustro, sin mucho esfuerzo. Hace apenas 10 años, no hace falta remontarse mucho más, todo era perfecto. España estaba organizada territorialmente de una manera exquisita, con unas trasferencias o competencias regionales muy bien determinadas, nada faltaba, nada sobraba. Eran otros tiempos. Tiempos en los que, incluso, presumíamos ante Europa de nuestro sistema bancario y de la enrevesada trama de cajas de ahorro que llenaban de colorido el paisaje patrio.
Pues bien, 10 años después, ni ese sistema financiero daba motivos para presumir, ni la organización territorial pasa a ser la mejor fórmula para regir los designios de la vida política en España.
¿Pero dónde están los fallos?, ¿por qué ha crujido como una madera vieja todo el sistema organizativo del Estado español?, si parecía tan claro y tan delimitado por la Constitución española, ¿cuál ha sido el motivo para que haya que replantear todo?
"Organización de sus instituciones de autogobierno, ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, los ferrocarriles y carreteras, la agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía, promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial, asistencia social y sanidad e higiene"…
Estas son algunas de las competencias transferidas inicialmente con la CE, y con posibilidad de añadir las que posteriormente cada Comunidad ha estimado oportuno.
En definitiva, se les ha dado la gestión de lo que han pedido, pero anclando en forma de faro las cuestiones anterior, ¿dónde surgió el problema? Si cada región lo ha pedido voluntariamente, ¿por qué en estos momentos España parece un pollo sin cabeza?
Partiendo de la base inexpugnable de una crisis económica que ha convertido en nada todo lo que ha pillado a su paso, hay tres cuestiones que parecen incidir de manera directa en este desgaste de las autonomías y que obligan a replantear demasiadas situaciones.
1. En primer lugar, lo meramente ideológico, pero que ha sembrado de desconfianza todo lo que a su paso se ha entrometido. Jugando caprichosamente con el artículo 2 de la CE que antes se citaba, ésta reconoce el derecho de autonomía a las distintas “nacionalidades”. Pues bien, con Estatutos abajo, o Estatuto arriba, 30 años después la soberanía regional sigue haciendo blandir la espada a cada presidente autonómico que tiene como misión precisamente eso, luchar por “crear una patria”. De este modo, la lucha por las competencias, se pudiesen asumir o no, ha sido el sino de cada autonomía, sobre todo esas que se denominan “históricas”, y el resultado ha sido el pertinente: no todos pueden asumir lo mismo.
2. Pivotando en el aspecto político, otro de los errores que ha herido de muerte la organización territorial española han sido las ansias desmedidas de poder. La poltrona presidencial en cada Comunidad ha llevado a sus respectivos presidentes a luchar por los cauces de los ríos, embarcarse en construcciones innecesarias, y reformular los dos aspectos básicos de la sociedad: educación y sanidad, a golpe ideológico según convenía. De esta forma, se ha creado una serie de dobles competencias y tensiones regionales que para nada eran necesarias.
3. Por último, y abrazando íntimamente a la crisis que tiene como actor el dinero, llegan los excesos autonómicos, entre los que destacan de manera muy destacadas la sobrealimentación de la función pública, con esa absurda e innecesaria manía de duplicar cargos, y un nepotismo anguloso y trasnochado que ha puesto a cada primo de cada alcalde en la concejalía más cercana.
Todos estos aspectos no son más que la blanquecina capa de polvo que reviste el viejo armario que sería el Estado español. La locura en la que ha situado toda acción política la crisis económica, deja en estado de máxima gravedad la organización territorial. El gran problema es que ahora no hay un objetivo común y tenaz, que es dotar a España de una tranquilidad democrática. Ahora es el turno del pensamiento sosegado para recomponer lo que se tuvo que hacer hace 30 años, pero que por las prisas no se hizo nada bien.
