11 / mar / 2013 - José de Málaga (@JosedeMalaga2).
La España contemporánea es todavía una joven Democracia, imberbe más bien diría, ya que sólo ha vivido 35 años en una más protocolaria que verdadera Democracia.
Ahora ya todo el mundo admite sin rasgarse las vestiduras que realmente nos manipulan más que “gobernarnos” mediante una Partitocracia o Partidocracia ”apoyada” en una Monarquía Parlamentaria que se desarrolla en un régimen de alternancia por los “hasta ahora” dos partidos dominantes PP y PSOE, con los que en determinadas etapas han “colaborado” unos pseudos políticos secesionistas integrados en CiU y PNV, que venden sus servicios como miserables e infames mercaderes a un Estado del que no se sienten parte integrante, si no que por el contrario se consideran “oprimidos” por él, debido a que sus leyes e instituciones les impiden saquear y expoliar más cómodamente a sus propios conciudadanos, de lo que escandalosamente y desde 1978 lo vienen realizando con absoluta impunidad.
Tampoco ahora ya nadie se escandaliza ni se remueven inquietos en sus asientos si, reconocemos, como mayoritariamente la ciudadanía así lo esta manifestando, que después de 35 años de vigencia de la actual Constitución, aprobada mayoritariamente por los españoles mediante el referéndum de 1978, el sistema de Partidocracia que los políticos “aseguran nos dimos”, está acabado, agotado, y ahogado en la inmundicia de una corrupción que una casta política ha instaurado y desarrollado durante estos años para su propio beneficio y el de sus correligionarios y amigos, provocando con sus corruptas y execrables actuaciones la desafección política del ciudadano, acrecentando más aún la ruina económica que padecemos con una crisis institucional y de valores que esta desembocando en una peligrosa desconfianza del ciudadano hacia todo el andamiaje institucional del propio sistema democrático.
Más de 300 políticos se encuentran a día de hoy imputados en causas judiciales por corrupción, y salvo muy contados y excepcionales casos debido a lo escandaloso de su situación, la mayoría de ellos siguen “militando normalmente” en sus partidos políticos y por ello disfrutando de los beneficios de la defensa de sus equipos jurídicos, que para más escarnio, a través de las subvenciones públicas que reciben, pagan los restantes ciudadanos con sus impuestos.
¿Nos merecemos estos dirigentes políticos?
Es urgente una regeneración política y democrática, y para ello debemos Refundar/Reconstruir el Estado como consecuencia de que la acción de la carcoma de la corrupción política ha invadido todos los niveles institucionales, haciéndolos políticamente inviables y económicamente insostenibles.
Sinceramente, creo que el único camino posible de realizar es el de una Segunda Transición, para que del mismo modo que aquellas Cortes franquistas, que con visión realista, y servicio de entrega, se hicieron el harakiri aprobando una reforma política institucional que posibilitó la voladura legal y controlada de su entramado de leyes, iniciándose así pacíficamente el camino hacia unas Cortes Constituyentes que nos abrió las puertas de la Democracia, ahora los actuales partidos políticos que integran el arco parlamentario, esencialmente PSOE y PP apoyados por partidos de ámbito nacional con ambición de vertebración y cohesión del Estado, rememorando aquella histórica etapa política, se unan en un gran pacto promoviendo una serie de leyes que le devuelvan el protagonismo político al único propietario y actor principal, el ciudadano.
Un ejemplo de la manopla de leyes que a mi juicio es imperativo aprobar para provocar una regeneración política y democrática creíble por la ciudadanía, serían:
1º.- Implantar una auténtica separación de poderes que desemboque en una verdadera independencia de la Justicia, eliminando las actuales cuotas de los partidos en el nombramiento del CGPJ recuperando su composición por lo determinado en la Constitución en su articulo 122, que de forma ignominiosa en el año 1985 aprovechando la mayoría absoluta socialista fue modificado fraudulentamente por el Gobierno de Felipe González, y no restaurada su legitimidad constitucional, como era lógico de esperar, ni por los Gobiernos de J. Mª Aznar, ni de Rodríguez Zapatero, si no que muy al contrario existe en estos días el borrador de un proyecto de Ley del actual Ministro de Justicia ,Ruiz-Gallardón, del Gobierno de Mariano Rajoy, con la pretensión de politizar aún más el Órgano de Gobierno de los Jueces, aumentando su dependencia del Legislativo, y por tanto su control, al elegir éste la totalidad de los 20 vocales, hiriendo mortalmente su necesaria y vital independencia que proteja al ciudadano de los excesos del poder político.
Si aquella modificación de Felipe González dio pie a la frase atribuida a Alfonso Guerra “Montesquieu ha muerto”, ahora de producirse esta nueva estafa democrática, sería desgraciadamente apropiado proclamar que Ruiz-Gallardón lo ha enterrado.
2º.- Legislar contra la corrupción de políticos, endureciendo las penas y prohibiendo a los imputados en causas judiciales su inclusión en las listas de elegibles de los partidos.
Es escandalosamente vergonzante e inadmisible la existencia en las últimas elecciones de listas de elegibles contaminadas con imputados en causas judiciales por corrupción.
3º.- Crear el delito de financiación ilegal de los partidos incluyendo a la figura del donante, y eliminando simultáneamente del sistema de financiación las subvenciones oficiales. En el colmo de la deshonestidad más descaradamente declarada, hoy no existe una figura delictiva que amenace y sancione a un partido que practique comportamientos financieros ilegales propios de una delincuencia organizada. Es un clamor de la ciudadanía la exigencia de su creación.
4º.- Crear la figura jurídica del delito por falsedad u omisión en la contabilidad de los partidos con responsabilidad penal directa de sus principales administradores y gestores.
5º.- Legislar, a la vista de los escandalosos últimos acontecimientos, creando el delito de enriquecimiento ilícito de cualquier cargo o gestor público.
6º.- Suprimir el vigente sistema de nombramiento de libre designación por los partidos políticos de los componentes del Tribunal de Cuentas, ampliando las necesarias dotaciones de las secciones especializadas en cada tema del mismo, estipulándolas por ley, creando para ello un cuerpo de Altos Funcionarios conformados por Letrados y Auditores cuyo acceso sea exclusivamente por oposición, reforzándose su independencia y capacidad sancionadora.
7º.- Aprobar una exigente Ley de Transparencia incluyendo en la misma a Partidos políticos, Sindicatos, y a todo organismo o institución tanto pública como privada que perciba cualquier tipo de subvención, dotación o ayuda económica oficial, con el lógico objeto de conocer el fin último adjudicado al dinero público recibido, estando por ello obligados por Ley a ser fiscalizada su contabilidad por el Tribunal de Cuentas, incurriendo en delito penal su falsificación u omisión.
8º.- Modificar la actual Ley electoral haciéndola más justa y proporcional de forma que se permita la participación real del ciudadano, mediante listas abiertas e incluyendo igualmente la elección directa de Alcaldes, Presidentes Autonómicos, y Presidente del Gobierno de la Nación, así como la limitación de sus mandatos, evitando que se le hurte al ciudadano, mediante inconfesables reuniones de despachos, la demostración palmaria de su voluntad de elección.
9º.- Crear una Ley que limite la “discrecionalidad” en la concesión de Indultos por “gracia” del Gobierno, modificando la iniciación del expediente correspondiente endureciéndolo a través de normas y controles más eficaces mediante la aportación de varias “llaves procedímentales” cuyas conclusiones tengan carácter “vinculante”.
Una vez desarrollado el proceso legislativo propuesto y puesto en vigor el conjunto de estas nuevas Leyes, es evidente que mediante ellas se le habría restituido al ciudadano su protagonismo y control político, iniciándose por tal motivo la regeneración democrática demandada y la recuperación de la confianza en nuestras instituciones, por lo que el Gobierno de Rajoy siendo responsable y consecuente con la nueva situación, y para concluir el proceso debería dimitir y convocar de inmediato Elecciones Generales, para que el nuevo Parlamento que resulte de las urnas, con las nuevas fuerzas políticas resurgentes y a través de un nuevo Gobierno acometieran las medidas precisas que inicien la necesaria recuperación económica.
Asimismo, se abordarán en firme las imprescindibles reformas de las administraciones tanto autonómicas como locales limpiándolas de duplicidades y triplicidades, eliminando al mismo tiempo esas pseudo empresas y fundaciones públicas creadas por los partidos como una doble administración paralela a la oficial, para que con su liquidación ayuden a reducir y controlar el elefantiásico gasto superfluo (la “grasa” de la Administración en términos coloquiales), que tanto daño esta causando a la economía en general y al bolsillo de los contribuyentes en particular.
Ahora bien, si nada de lo que sueño que debería pasar, pasa, significaría que tanto los dirigentes del PP como los del PSOE serían los únicos responsables ante la Historia de conducir a sus partidos a la debacle y a su posible desaparición, porque el hartazgo de los ciudadanos esta llegando a cotas irreversibles, y a pesar de sus comportamientos admirablemente cívicos, cada día que pasa se encuentran peligrosamente más cercanos a un estallido social, porque ya no es posible soportar más tanta hipocresía ni tanta ruindad, ni tanto egoísmo, corrupción y cobardía de unos pretendidos dirigentes que están demostrando con sus vergonzosas acciones y omisiones que lo único que les interesa y que les ha llevado a la política es el poder por el poder y su obscena exhibición, y que con su ineptitud, mediocridad y pobreza de espíritu están arrastrando a la ruina y desmembramiento a toda una gran nación, haciéndose merecedores por ello del más absoluto de los desprecios de sus conciudadanos.
